Iñigo Odriozola, TAU Fundazioa
Pobreza, desigualdades, vulneración de derechos humanos, recortes de derechos sociales, situación medioambiental, crisis migratorias, discriminación de las mujeres… son algunos problemas del actual mundo globalizado que requieren soluciones globales. Mediante la cooperación al desarrollo, las instituciones públicas y las ONGD contribuimos a erradicar la pobreza y las desigualdades en los países empobrecidos en ámbitos como la educación, la salud y la lucha contra el hambre, entre otros. Si atendemos a la agenda global del desarrollo, queda claro que la Ayuda Oficial al Desarrollo es necesaria pero no suficiente.
Ante semejantes desafíos, la coherencia, está siendo un nuevo eje de trabajo para impulsar soluciones globales en el logro de una sociedad más justa e igualitaria. Trabajando en primer lugar desde la mejora de la coherencia interna de las propias ONGD (correcto uso y gestión de los recursos, aplicación de los Códigos de conducta y Protocolos contra el abuso sexual, transparencia, etc.) somos conscientes que el avance hacia “otro mundo posible” se juega en una buena parte en la Coherencia de las políticas que nuestros gobiernos e instituciones públicas aplican en el día a día.
Consideramos que el conjunto de acciones de un gobierno deben compartir el fin de mejorar el impacto de la cooperación, asegurándose que todas las políticas vayan en consonancia con los objetivos de desarrollo humano, equitativo y sostenible y la lucha contra la pobreza y las desigualdades, para que ninguna intervención frene o anule los avances logrados desde la cooperación. A esto es lo que llamamos como Coherencia de Políticas (CdP).
Además, la nueva agenda internacional del desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, constituyen un marco de superación de la lógica Norte-Sur e incorporan precisamente esta perspectiva de la Coherencia, donde todos los gobiernos, deberán cumplir una serie de metas integrando a todas las áreas de gobierno en su conjunto a favor del desarrollo humano y sostenible.
A nivel local, Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales y entidades municipales tienen amplias competencias en diferentes ámbitos entre las cuales también hay políticas que pueden influenciar sobre las poblaciones vulnerables. Para que los gobiernos descentralizados puedan, por lo tanto, cumplir con su cada vez mayor compromiso de contribuir al desarrollo humano y sostenible, no se pueden concentrar únicamente en fomentar programas y proyectos de cooperación. Tienen que contemplar también las otras políticas de su gobierno e intentar lograr un alto nivel de CdP en coordinación con otros gobiernos (estatales, internacionales…) así como con otros actores que hay que tomar en cuenta a la hora de fomentar la CpD.
Así lo señala Ley Vasca de Cooperación para el Desarrollo: “las administraciones públicas vascas velarán por la coherencia de sus actuaciones relacionadas con la cooperación al desarrollo, para lo cual se articularán los mecanismos de coordinación necesarios entre ellas, así como con otras administraciones públicas, instituciones, agencias y organismos internacionales de cooperación”. El propio lehendakari Urkullu presentó en 2016 el Marco de Referencia para la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el País Vasco, documento que explicita su compromiso institucional a favor del desarrollo humano y la sostenibilidad como referencia para su acción de gobierno y de acción exterior.
Ante este nuevo reto de lograr tener Gobiernos más coherentes, las ONGD estamos trabajando en la elaboración de estudios y herramientas que nos permitan analizar y evaluar si las Políticas son coherentes con los objetivos del desarrollo humano y sostenible.
Desde la Coordinadora estatal de ONGD se ha elaborado, por ejemplo, el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS), que nace con el objetivo de ofrecer una alternativa a la hegemónica y limitada visión de los indicadores que habitualmente se usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior Bruto (PIB). El ICPDS hace un análisis tanto de las políticas que contribuyen positivamente al desarrollo sostenible de un país como aquellas que contribuyen negativamente no sólo en ese mismo país, sino también en terceros países o en el conjunto del planeta. Para ello, se miden 57 variables reunidas en cinco componentes (económico, social, global, ambiental y productivo). Y se introducen dos criterios transversales para el conjunto del análisis: el enfoque basado en derechos humanos y la perspectiva de género.
En el Informe de ICPDS 2019 recientemente publicado (https://www.icpd.info/informe-2019/), el 76% de los países analizados (113 países) presentan un ICPDS medio bajo, bajo o muy bajo, mientras que sólo el 24% (35 países) presentan un IPCDS medio o alto. Es decir, en términos generales, los países no diseñan ni ejecutan sus políticas públicas poniendo en el centro las personas y la sostenibilidad del planeta, ni están asumiendo de forma suficiente sus responsabilidades globales. El país que encabeza el ranking es Dinamarca que obtiene 79,02 (en una escala de 0 a 100) mientras que el último puesto es para la India, que obtiene 26,76.
En nuestro entorno más cercano, la Coordinadora de ONGD de Euskadi está impulsando diversos estudios y metodologías para incidir y medir la CdP. En 2017 por ejemplo, se presentó una investigación que analiza la política de internacionalización empresarial del Gobierno Vasco desde el enfoque de la coherencia de políticas para el desarrollo. Del estudio se deriva que esta política, base de la marca Basque Country, es prácticamente ajena a criterios sociales, laborales, ecológicos y de derechos humanos, primando variables exclusivamente técnico-empresariales. Se rige por la competitividad y la captura de nuevos mercados, sin coherencia con los compromisos asumidos en torno al desarrollo humano y a la sostenibilidad, por lo que este enfoque no es una referencia en el conjunto de políticas de la acción exterior.
Entre las recomendaciones que realiza el estudio se cita que los criterios sociales, de equidad de género, ecológicos, laborales y culturales deben incrementarse paulatinamente en el porcentaje total de la puntuación de las convocatorias de ayuda a la internacionalización que ofrece el Gobierno Vasco. Se pueden establecer criterios excluyentes basados en el desarrollo humano sostenible en las líneas de subvenciones a empresas, como por ejemplo, la exigencia de estudios de impacto ambiental, la exclusión de empresas vinculadas a crímenes internacionales tipificados en el Convenio de Roma, el cumplimiento integral del marco internacional laboral, la no discriminación por razones de sexo, género, raza/etnia o diversidad funcional, la exclusión directa de empresas vascas con cuentas en paraísos fiscales o la obligación de estar al corriente de pago de sus obligaciones fiscales en el país de destino de la actividad.
Es por lo tanto fundamental proyectar a todos los niveles, y de manera muy significativa hacia el exterior, una identidad común coherente con los retos globales que afrontamos en este mundo globalizado. Esta identidad común basada en los principios de justicia, responsabilidad social y la defensa de los derechos humanos debe ser el sustrato que permita superar las incoherencias sociales y políticas que siguen perpetuando un mundo insostenible y desigual.
